ESCÁNDALO ELECTORAL EN PERÚ: FISCALÍA PIDE PRISIÓN PARA CANDIDATO ROBERTO SÁNCHEZ POR PRESUNTO MANEJO IRREGULAR DE FONDOS

Por Alfredo Rosell G.

Un nuevo escándalo sacude el escenario político peruano en plena coyuntura electoral. El Ministerio Público ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, por presuntamente haber consignado información falsa en los reportes financieros presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los años 2020 y 2021.

La acusación fiscal sostiene que el partido habría declarado la inexistencia de ingresos económicos, cuando en realidad se manejaban sumas significativas de dinero fuera del sistema de control oficial. Según las investigaciones, al menos 280 mil soles habrían sido canalizados a través de cuentas de personas naturales, lo que habría impedido la correcta fiscalización del origen y destino de dichos recursos.

Entre los involucrados figura William Ricardo Sánchez Palomino, hermano del candidato, quien habría recibido 204 mil soles. Asimismo, otros montos habrían sido depositados en cuentas mancomunadas vinculadas a tesoreros del partido, configurando —según la Fiscalía— una maniobra destinada a eludir los controles del sistema electoral.

Para las autoridades, este esquema financiero irregular representa una falta grave que trasciende el ámbito administrativo y podría constituir delito penal. La hipótesis fiscal apunta a que estas acciones habrían impedido que la ONPE supervise adecuadamente el financiamiento partidario, vulnerando los principios de transparencia electoral.

Desde el entorno de Juntos por el Perú se ha reconocido la existencia de estas triangulaciones, aunque se argumenta que se realizaron en un contexto de “turbulencia” interna, donde —según su versión— no era posible utilizar cuentas oficiales. El propio Roberto Sánchez ha negado haber cometido delito alguno, señalando que los fondos provenían de actividades internas del comité electoral y no de aportes sujetos a fiscalización.

“No ha existido cobro indebido ni manejo irregular de fondos partidarios”, sostuvo el candidato durante las diligencias, insistiendo en que las operaciones se realizaron para cubrir trámites urgentes ante el sistema electoral.

El caso se encuentra actualmente en etapa decisiva. Este 27 de mayo se determinará si la acusación fiscal pasa a juicio, en medio de la intensa campaña hacia la segunda vuelta electoral. Analistas legales advierten que, de prosperar el proceso, el candidato podría enfrentar una sentencia condenatoria.

La polémica ha generado reacciones en el ámbito político y jurídico. La candidata presidencial Keiko Fujimori señaló que el caso podría derivar en una condena, subrayando la gravedad de los hechos. Por su parte, especialistas como la penalista Romy Chang han indicado que no se trata únicamente de una infracción administrativa, sino de un presunto delito que compromete la transparencia del sistema electoral.

En tanto, el abogado Julio Rodríguez explicó que el proceso aún debe superar la fase de control de acusación antes de fijar una eventual fecha de juicio.

Este caso pone nuevamente bajo la lupa el financiamiento de los partidos políticos en Perú, evidenciando las debilidades del sistema de control y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización en contextos electorales. Mientras tanto, la incertidumbre jurídica y política se instala en un momento clave para el futuro del país.