Pedro Castillo condenado a 11 años y 5 meses por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022

La Sala Penal Especializada de la Corte Suprema del Poder Judicial emitió una sentencia histórica que marca un antes y un después en la vida política del país: el expresidente Pedro Castillo Terrones fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de reclusión por el delito de rebelión, tras comprobarse su participación directa en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Según el fallo, el tribunal concluyó que Castillo intentó quebrar el orden constitucional al anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”, acciones consideradas por la Sala como un acto deliberado de subversión contra el Estado peruano. El colegiado ratificó que estos hechos constituyen el delito de rebelión previsto en el Código Penal y declararon el hecho como “probado”.

El exmandatario cumplirá su pena en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde los días posteriores a su detención.

Penas para sus excolaboradores

La misma sala impuso una condena equivalente —11 años, 5 meses y 15 días— a Betssy Chávez Chino, exprimera ministra, quien actualmente se encuentra asilada y es acusada de intentar evadir su responsabilidad penal. Su situación ha generado tensiones diplomáticas entre Perú y distintos países de la región, entre ellos México, Chile y Colombia.

Por su parte, el expremier Aníbal Torres enfrenta una orden de 6 años y 8 meses de prisión preventiva, al ser considerado también parte del núcleo de decisiones que favorecieron el quiebre institucional del 2022.

Un mensaje de firmeza del Poder Judicial

Con esta sentencia, el Poder Judicial busca reafirmar su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la lucha contra cualquier acto que atente contra la estabilidad democrática del país. La Corte Suprema enfatizó que hechos como golpes de Estado, actos de corrupción o conductas que dañen la imagen internacional del Perú y afecten su economía serán sancionados con severidad.

La decisión, según fuentes judiciales, pretende también fortalecer la credibilidad del sistema de justicia frente a la ciudadanía, devolviendo confianza en un contexto político marcado por la polarización y las crisis sucesivas.

Un episodio que marca la historia reciente

La condena a Pedro Castillo no solo pone fin a un proceso penal de alta relevancia, sino que también cierra uno de los capítulos más convulsos de la política peruana reciente. El fallido autogolpe del 2022 desencadenó una grave crisis institucional que aún deja secuelas en la escena nacional.

Con este fallo, la justicia peruana da un paso firme en la sanción de los responsables y envía un mensaje claro: ningún intento de quebrar el orden democrático quedará impune.

✉️ Alfredo Rosell G.