Humala y Vizcarra denuncian vulneración de su intimidad tras difusión de fotos de requisa en Barbadillo

Lima – Los expresidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra expresaron su rechazo a la difusión de fotografías tomadas durante recientes operativos de requisa en el penal de Barbadillo, donde ambos se encuentran recluidos. A través de sus defensas legales, señalaron que la divulgación de estas imágenes constituiría una vulneración a su derecho fundamental a la intimidad.

Los hechos se remontan a una serie de intervenciones realizadas el último fin de semana por agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE (Goes), que incluyeron la revisión de las celdas de los expresidentes Humala, Vizcarra, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, quienes permanecen internos en dicho establecimiento penitenciario.

Defensa de Humala envía carta al INPE

En el caso de Ollanta Humala, su abogado Edinson Huamán Chacón remitió una carta oficial a la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez Tejada, en la que denuncia que durante dos intervenciones realizadas el domingo 8 de febrero se habrían tomado fotografías del exmandatario sin su consentimiento.

“En esas circunstancias, se le tomaron fotografías a mi patrocinado y estas fueron entregadas a los medios para su divulgación”, señaló el letrado. Además, subrayó que la sentencia dictada en primera instancia contra Humala —actualmente en proceso de apelación— no implica la pérdida de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad.

La defensa sostiene que la difusión del material podría vulnerar derechos protegidos por la Constitución y el Código Civil, e incluso configurar presuntos delitos vinculados a la violación de la intimidad y al uso indebido de datos personales.

Vizcarra presenta denuncia penal

Por su parte, Martín Vizcarra llevó el caso al ámbito judicial. El exjefe de Estado presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Este contra Henry García Malpartida, director de Seguridad Penitenciaria del INPE, y otros funcionarios que resulten responsables.

La denuncia incluye presuntos delitos de abuso de autoridad y violación agravada de la intimidad. Vizcarra también cuestionó la necesidad y frecuencia de los operativos, señalando que fue sometido a tres intervenciones en menos de 24 horas, pese a que —según indicó— en la primera revisión no se detectaron irregularidades.

Debate sobre límites y derechos en prisión

El caso ha reabierto el debate sobre los límites de los procedimientos de seguridad penitenciaria y la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, especialmente cuando se trata de internos con alta exposición pública.

Hasta el momento, el INPE no ha emitido un pronunciamiento público detallando las circunstancias en que se captaron y difundieron las imágenes, ni aclarando si existió autorización para su registro y posterior divulgación.

Mientras tanto, las acciones legales anunciadas por ambos exmandatarios seguirán su curso en las instancias correspondientes, en un nuevo capítulo judicial que se suma a los procesos que ya enfrentan.