Nuevo presidente a 55 días de las Elecciones Generales: incertidumbre política y económica en el Perú

A solo 54 días de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, el escenario político peruano volvió a sacudirse. Este 18 de febrero asumió la Presidencia de la República José María Balcázar, congresista de Perú Libre, tras la salida de José Jerí. El relevo ocurre en medio de un proceso electoral en marcha y en un contexto de persistentes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que profundiza la percepción de inestabilidad institucional en el país.

La sucesión presidencial se produce cuando el calendario electoral ya está definido y en plena ejecución. El 23 de diciembre cerraron las inscripciones de candidaturas presidenciales y listas parlamentarias: 36 candidatos a la Presidencia y 38 listas al Congreso se registraron oficialmente. Actualmente, el sistema electoral atraviesa la etapa de tachas e impugnaciones, un periodo decisivo que ya viene generando movimientos y controversias en el tablero político.

Reformas y fragmentación

El proceso electoral no solo está marcado por el elevado número de postulaciones, sino también por reformas recientes que reinstauran el Senado y elevan la valla electoral. Estas modificaciones, que redefinen las reglas del juego democrático, se implementan en medio de una fuerte dispersión del voto y una ciudadanía que observa con creciente desconfianza a sus autoridades.

El cambio de presidente a pocas semanas de los comicios añade un nuevo factor de incertidumbre. La sucesión no detiene el cronograma, pero sí impacta en la narrativa política y en la estabilidad institucional. La continuidad de políticas públicas, la conducción económica y la seguridad jurídica vuelven a estar en el centro del debate.

Inestabilidad política y efectos económicos

El Perú arrastra en los últimos años una preocupante rotación presidencial. El constante cambio de mandatarios no solo debilita la gobernabilidad, sino que proyecta una imagen de fragilidad institucional a nivel internacional. Esta situación genera efectos directos en la economía.

La inseguridad jurídica —entendida como la falta de certeza sobre la estabilidad de normas, contratos y políticas públicas— es uno de los principales factores que desalientan la inversión extranjera. Los inversionistas buscan previsibilidad, respeto a los contratos y estabilidad en las reglas de juego. Cuando un país cambia reiteradamente de presidente y enfrenta confrontaciones constantes entre poderes del Estado, la percepción de riesgo aumenta.

En consecuencia, se frena el flujo de capitales, se postergan proyectos de inversión y se debilita el impulso económico interno. La desaceleración impacta en la generación de empleo, en la recaudación fiscal y en la capacidad del Estado para ejecutar obras y políticas sociales. La economía, en este contexto, queda condicionada por la incertidumbre política.

Un desafío inmediato

El nuevo presidente asume con un margen de maniobra limitado por el calendario electoral y por un Congreso fragmentado. Las decisiones que se adopten en las próximas semanas podrían influir en la configuración del próximo Parlamento y del futuro Gobierno.

El reto inmediato no solo será garantizar un proceso electoral transparente y ordenado, sino también enviar señales claras de estabilidad y respeto institucional. En un país donde la inestabilidad política se ha vuelto recurrente, recuperar la confianza —tanto ciudadana como internacional— se convierte en una tarea urgente.

A menos de dos meses de acudir a las urnas, el Perú enfrenta un escenario en el que política y economía vuelven a entrelazarse. La estabilidad institucional no es solo un asunto de gobernabilidad: es también la base sobre la cual se construye el desarrollo económico y la credibilidad del Estado.

✉️ Alfredo Rosell G .