Cuestionamientos a auditoría electoral: empresa contratada por la ONPE tuvo sanción previa del OSCE

Por Alfredo Rosell G.

Un reportaje televisivo ha encendido el debate sobre la transparencia de los procesos tecnológicos electorales en el Perú. La empresa M&T Corporation del Perú SAC, conocida comercialmente como M&T International y encargada de la auditoría informática de sistemas clave de la ONPE, registra una sanción previa del OSCE por irregularidades en contrataciones con el Estado.

Según el dominical Cuarto Poder, la compañía fue inhabilitada en 2016 por un periodo de 11 meses tras haber “presentado información inexacta” durante un proceso de selección pública. Este antecedente ha generado preocupación en sectores políticos y de la opinión pública, dado el rol sensible que cumple la firma en el actual proceso electoral.

M&T International fue responsable de elaborar informes de auditoría sobre la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados, plataformas fundamentales para la transparencia y credibilidad de los comicios organizados por la ONPE.

Consultado sobre el tema, el representante de la empresa, Eric Morán Añasco, reconoció la existencia de la resolución del OSCE, aunque sostuvo que la sanción fue una “injusticia”. No obstante, evitó profundizar en los detalles del caso que derivó en la inhabilitación.

El reportaje también reveló que la compañía logró adjudicarse el contrato con la ONPE recién en una cuarta convocatoria, luego de haber sido descalificada en un primer intento por no cumplir con los requisitos de experiencia del personal.

Pese a estos antecedentes, la relación contractual no solo se mantiene, sino que ha sido ampliada. La subgerente de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, Elisa Cabrera, confirmó que se suscribió una adenda para extender los servicios de M&T International de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Este nuevo episodio ocurre en un contexto donde la confianza en los sistemas electorales resulta clave. Especialistas advierten que, si bien una sanción pasada no invalida automáticamente la capacidad técnica de una empresa, sí obliga a reforzar los mecanismos de supervisión y control.

En la antesala de la segunda vuelta, el caso abre un flanco político sensible: la necesidad de asegurar no solo la legalidad, sino también la legitimidad del proceso electoral. La transparencia, más que un requisito técnico, se convierte en un elemento esencial para sostener la confianza ciudadana en los resultados.