Cuando el miedo entra al colegio: la extorsión ya amenaza las aulas de Lima

Por Alfredo Rossell | Crónica periodística

Hay un momento en que una ciudad comprende que la inseguridad ha cruzado una frontera. Ya no se trata únicamente del comerciante que recibe una llamada intimidatoria, del transportista obligado a pagar una cuota criminal o del pequeño empresario que vive con miedo de denunciar. Ahora, el temor llega hasta las puertas de los colegios.

La imagen resulta estremecedora: un mensaje escrito a mano, con amenazas dirigidas contra una institución educativa. En medio de las líneas aparecen referencias a nuevos encargados, advertencias y expresiones que revelan la intención de generar miedo. Un papel aparentemente sencillo, pero capaz de paralizar toda una comunidad educativa.

Y eso es precisamente lo que ocurrió en Comas, en Lima Norte, donde un colegio decidió suspender las clases presenciales después de recibir un mensaje de amenaza. La noticia, difundida en televisión, muestra hasta dónde puede llegar el avance de las organizaciones dedicadas a la extorsión: el miedo terminó entrando al lugar donde deberían reinar los cuadernos, las mochilas, las voces de los niños y el aprendizaje.

Colegios convertidos en territorio del miedo

La decisión de suspender las clases no es menor. Detrás de ella están los padres que deben preguntarse si sus hijos estarán seguros al cruzar la puerta del colegio; los profesores que tienen que acudir a trabajar bajo una amenaza; los directivos y trabajadores administrativos que también pueden convertirse en objetivos.

La suspensión de actividades aparece entonces como una medida de protección frente a un riesgo que no debería existir dentro de una institución educativa.

Pero sus consecuencias van mucho más allá de un día sin clases.

Cada jornada suspendida afecta el proceso educativo de cientos de estudiantes y altera la vida de sus familias. La extorsión no solamente pretende obtener dinero: también busca controlar mediante el miedo. Y cuando ese miedo consigue que una escuela cierre sus puertas, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en una amenaza directa contra derechos fundamentales.

El derecho a la educación y el derecho a la integridad personal quedan enfrentados a una realidad que ninguna familia debería tener que aceptar como normal.

De los transportistas a las escuelas

Durante los últimos años, la extorsión ha sido asociada especialmente con determinados sectores económicos. Transportistas, comerciantes, empresarios y trabajadores han denunciado amenazas, cobros y ataques.

Pero ahora aparece una señal todavía más preocupante: las bandas criminales parecen no reconocer límites cuando buscan intimidar.

El colegio deja de ser visto como un espacio protegido y pasa a convertirse en otro escenario para ejercer presión.

¿Qué puede ser más grave que un padre tenga miedo de enviar a su hijo a estudiar?

¿Qué puede ser más preocupante que un docente dude en acudir a su centro de trabajo por temor a convertirse en víctima?

La respuesta de las autoridades no puede limitarse a pedir tranquilidad. La ciudadanía necesita seguridad efectiva.

El desafío para el nuevo Gobierno

En este escenario, el Gobierno de Keiko Fujimori, en sus primeros días de gestión, enfrenta una de sus pruebas más importantes: demostrar que la seguridad ciudadana puede traducirse en resultados concretos.

La ciudadanía no necesita únicamente discursos, conferencias de prensa o anuncios televisivos. Necesita conocer cifras reales.

¿Cuánto ha aumentado o disminuido la extorsión?

¿Cuántas denuncias se reciben?

¿Cuántas investigaciones terminan con la identificación y captura de los responsables?

¿Cuántas bandas criminales han sido desarticuladas?

¿Cuál es la estrategia para proteger a colegios, docentes, estudiantes y familias?

Son preguntas que requieren respuestas claras y medibles.

Porque en seguridad ciudadana las palabras tienen un límite: los resultados son los que finalmente hablan.

La escuela no puede cerrar por miedo

Un colegio debería ser uno de los lugares más seguros de una comunidad. Allí un niño aprende a leer, una adolescente construye sus sueños y un profesor cumple con una de las tareas más importantes de una sociedad: educar.

Que una institución educativa tenga que suspender sus clases por amenazas de extorsionadores debería encender todas las alarmas.

No estamos frente a un simple mensaje.

Estamos frente a una señal de que el crimen organizado intenta ocupar espacios que pertenecen al Estado y a la ciudadanía.

Hoy es un colegio de Comas. Mañana podría ser otra institución, otro distrito, otra comunidad.

Por eso, la lucha contra la extorsión no puede esperar. Las autoridades tienen la obligación de proteger a quienes estudian, enseñan y trabajan en los colegios, pero también de recuperar algo que el crimen pretende arrebatarle a la sociedad: la tranquilidad de vivir sin miedo.

Porque cuando un niño deja de entrar a su aula por culpa de una amenaza criminal, no solamente se cierra una puerta de colegio. Se está cerrando, aunque sea temporalmente, una puerta al futuro.

Por Alfredo Rossell
Crónica | Diario La Democracia