“Arriola y las farmacéuticas en la mira”

El periodista de investigación Beto Ortiz reveló en un reciente programa televisivo una serie de acusaciones que comprometen al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado. Las denuncias apuntan a presuntos vínculos familiares y profesionales del alto oficial con laboratorios farmacéuticos que se beneficiaron económicamente durante la pandemia de COVID-19, en particular con la venta masiva de ivermectina.

Según la investigación expuesta, la farmacéutica AC Pharma y la droguería Sagitario habrían multiplicado sus ingresos de manera exponencial en el año 2020. Mientras en 2019 registraban una facturación de aproximadamente 4 millones de soles, en el año de la emergencia sanitaria sus ventas superaron los 70 millones, principalmente por la comercialización de ivermectina, un fármaco que fue presentado como tratamiento contra el coronavirus pese a la controversia científica sobre su eficacia.

Ortiz señaló que, aunque Arriola negó tener participación accionaria en la empresa, sí trabajó como consultor jurídico privado de AC Pharma, y además mantiene vínculos familiares directos con los principales responsables de la compañía. Su hermano, Luis Alberto Arriola Delgado, figura como apoderado de la farmacéutica, y su hijo, Luis Enrique Arriola, también participa en la representación legal de la firma.

El caso se complica aún más por los lazos familiares: Luis Alberto está casado con María Jesús Arriola Colmenares, quien es a la vez cuñada y pariente del general. Los hermanos de ella —Juana y Enrique Arriola Colmenares— son socios propietarios de AC Pharma y de Droguería Sagitario. Para Ortiz, esta red evidencia que no se trata de “parientes lejanos”, como intentó justificar el comandante general, sino de una estructura empresarial con claros nexos familiares.

Además, el periodista mencionó la existencia de otra compañía vinculada: Corporación Farmasalud, cuyo gerente es Nadia Pamela Arriola Arriola, presuntamente pareja sentimental del general Raúl Alfaro, excomandante general de la PNP destituido en el gobierno de Pedro Castillo por casos de corrupción.

El señalamiento de Ortiz va más allá de un cuestionamiento ético: expone la preocupación de que altos mandos de la Policía Nacional estén relacionados, directa o indirectamente, con empresas privadas que se enriquecieron durante una de las peores crisis sanitarias de la historia del Perú.

El propio general Arriola, consultado sobre estas conexiones, admitió haber sido asesor legal de la farmacéutica, aunque aseguró no tener injerencia en la gestión comercial ni participación accionaria. Sin embargo, la magnitud de los vínculos familiares planteados genera dudas razonables sobre la independencia y transparencia que debe caracterizar a la máxima autoridad policial del país.

El caso abre una serie de interrogantes que todavía esperan respuesta:

• ¿Cuál fue el verdadero rol de Óscar Arriola en la asesoría jurídica a AC Pharma?
• ¿Hubo algún conflicto de intereses entre su carrera en la Policía y sus actividades privadas?
• ¿Qué mecanismos de fiscalización deberían aplicarse para evitar que miembros de alto rango de la PNP tengan nexos con empresas favorecidas en contratos públicos durante la pandemia?

Por ahora, el general Arriola no ha anunciado acciones legales contra las acusaciones, pero sí ha advertido sentirse víctima de difamación. La polémica recién comienza y coloca bajo la lupa a la institución policial en un momento crítico de confianza ciudadana