Congreso frena inhabilitación de Betssy Chávez y desata indignación pública en Perú

La decisión del Congreso de la República de no aprobar la inhabilitación por diez años para la ex primera ministra Betssy Chávez —investigada por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022 que llevaron a la caída del expresidente Pedro Castillo— ha generado una fuerte ola de indignación en la opinión pública peruana.

Blindaje en el Parlamento

Durante la sesión plenaria, la acusación constitucional no alcanzó los 68 votos necesarios para proceder con la sanción política. El resultado final fue:

• 69 votos a favor,
• 20 en contra,
• 4 abstenciones.

Aunque hubo mayoría simple, el reglamento exige un mínimo de 68 votos afirmativos, por lo que las abstenciones y ausencias resultaron decisivas para impedir la medida. Este escenario dejó en evidencia la persistente cercanía política entre Chávez y diversos grupos parlamentarios.

Las bancadas de Podemos Perú, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular votaron en contra de la inhabilitación, alineándose en defensa de la ex primera ministra.

Motivaciones políticas en juego

Fuentes parlamentarias señalaron que los vínculos políticos y electorales habrían influido en la decisión. Podemos Perú, por ejemplo, ha promovido la precandidatura de Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, como aspirante a la vicepresidencia de la República y al Senado.

Por su parte, Juntos por el Perú, liderado por el congresista y exministro Roberto Sánchez, busca impulsar la candidatura de Pedro Castillo al Senado en las elecciones generales del 2026.

Reacciones y controversia

Durante el debate, los congresistas Alex Flores y Jaime Quito defendieron a Chávez argumentando que se trata de una víctima de “persecución política”. Estas intervenciones generaron reacciones airadas tanto dentro como fuera del hemiciclo.

La ciudadanía expresó en redes sociales su rechazo al resultado, calificándolo como un nuevo episodio de blindaje político y denunciando que diversos congresistas “no tienen voluntad de lucha contra la corrupción” y “actúan movidos por intereses particulares”.

Para amplios sectores de la opinión pública, esta decisión confirma que el Congreso mantiene prácticas que perpetúan la impunidad, erosionan la confianza en las instituciones y profundizan la crisis política que arrastra el país desde hace varios años.

Posibles movilizaciones

La indignación colectiva podría derivar en una nueva ola de protestas. Diversos colectivos ciudadanos ya han anunciado la posibilidad de convocar una “Marcha de la Generación Z”, en rechazo a lo que consideran un desprecio hacia la ciudadanía y un intento más de bloquear la lucha contra la corrupción.

El caso continúa abierto

Pese al resultado adverso para la inhabilitación, el proceso no ha concluido: se han presentado solicitudes de reconsideración, por lo que el tema volverá a discutirse en el pleno.

Mientras tanto, la crisis de representatividad y el descontento social vuelven a colocarse en el centro del debate nacional.

✉️ Alfredo Rosell G.