Presidente José Jerí bajo presión política tras revelarse reuniones con empresario chino

La imagen pública del presidente José Jerí atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de que se hicieran públicas reuniones de carácter no oficial con un empresario chino vinculado a proyectos energéticos en el país. El caso, que ya es conocido en el ambiente político como el “chifagate”, ha desatado cuestionamientos en el Congreso y ha obligado al Ejecutivo a salir en bloque a defender al mandatario.

Según se ha informado, el jefe de Estado habría sostenido encuentros con Zhiu Yang, empresario de origen chino también identificado como “Tío Johnny”, en un contexto ajeno a la agenda oficial. Estas reuniones, que incluyeron una cena en un restaurante, han generado sospechas debido a los intereses empresariales de Yang en el sector energético nacional.

La controversia escaló al punto que el presidente deberá presentarse ante el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para responder por el caso. Desde el Gobierno, sin embargo, han cerrado filas en torno a su figura. El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, declaró que el mandatario “se sometió a todo tipo de investigaciones y respondió las interrogantes”, asegurando que confían plenamente en su palabra. Añadió que la vida cotidiana del presidente “no ha cambiado pese a la investidura”.

En la misma línea, el premier Ernesto Álvarez sostuvo que no existen argumentos suficientes para una censura o vacancia, remarcando que el presidente juramentó al cargo y se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones.

No obstante, en el Congreso el clima es distinto. La parlamentaria Susel Paredes cuestionó abiertamente los vínculos del mandatario con proveedores del Estado, mientras que el legislador Segundo Montalvo impulsa una moción de vacancia, argumentando que el país “no puede tener a un presidente bajo este nivel de sospecha”.

Además, la Comisión de Fiscalización ha citado a ministros clave para esclarecer posibles conexiones entre las reuniones y decisiones gubernamentales. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el titular de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, deberán responder por la cena sostenida entre el presidente y Yang, así como por la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca II, vinculado a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., relacionada con el empresario chino.

Mientras el Ejecutivo insiste en que no existe delito y que todo forma parte de un intento de desestabilización política, el caso continúa erosionando la credibilidad presidencial y alimentando un nuevo foco de confrontación entre el Gobierno y el Legislativo.

La declaración del mandatario ante la Fiscalía será clave para determinar si la crisis se diluye o si, por el contrario, se convierte en un proceso político de mayor envergadura.

✉️ Alfredo Rosell G.