Elecciones 2026: Piero Corvetto descarta irregularidades graves y atribuye fallas a “un error puntual”

En medio de los cuestionamientos por las fallas registradas durante las elecciones generales del último domingo, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, negó que se hayan producido “graves irregularidades” en la jornada electoral y sostuvo que lo ocurrido respondió a “un error puntual” de carácter logístico. Sus declaraciones se dan en la antesala de su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde deberá responder por los inconvenientes que afectaron el normal desarrollo de los comicios del 12 de abril.

Junto a él, también fue citado el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien acudirá este martes a las 2:00 p. m. al Parlamento para explicar las causas de las fallas logísticas que obligaron a extender el proceso electoral hasta el lunes en algunas zonas de la capital. Según información oficial, el retraso en la distribución del material electoral, especialmente en distritos de Lima Sur, impidió que más de 50 mil ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto en el día inicialmente previsto.

La Comisión de Fiscalización del Congreso adoptó la decisión de convocar de urgencia a las autoridades electorales tras una sesión extraordinaria, en la que se acordó solicitar explicaciones “bajo responsabilidad” sobre los hechos ocurridos. Asimismo, se invitó al Contralor General de la República y al Defensor del Pueblo para que informen sobre las acciones de control realizadas y las posibles vulneraciones al derecho al sufragio de miles de peruanos.

De acuerdo con la agenda del grupo de trabajo, Piero Corvetto deberá detallar las causas estructurales, técnicas y operativas que originaron las fallas, así como las responsabilidades administrativas que podrían derivarse de estos hechos. También se le pedirá informar sobre los procesos de contratación de proveedores tecnológicos y logísticos involucrados en la organización del proceso electoral, incluyendo los mecanismos de supervisión aplicados.

El caso ha generado preocupación en distintos sectores políticos y ciudadanos, debido al impacto directo en el ejercicio del voto. Mientras tanto, las autoridades electorales buscan defender la transparencia del proceso, en un contexto marcado por la exigencia de explicaciones claras y eventuales sanciones frente a lo ocurrido.