Perú 2026: entre la segunda vuelta y el debate sobre la nulidad electoral

Por ✉️ Alfredo Rosell G.

El proceso electoral presidencial de 2026 en el Perú no solo ha dejado un escenario de alta fragmentación política, sino que también ha abierto un intenso debate jurídico sobre la posibilidad de declarar la nulidad de los comicios. En medio de cuestionamientos ciudadanos y una percepción extendida de irregularidades, el derecho electoral cobra especial relevancia como marco para analizar los alcances y límites de esta medida excepcional.

La contienda ha derivado en un escenario de eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), en un contexto donde ninguno de los candidatos ha superado el 18% de los votos válidos, según el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Este resultado ha sido interpretado como una clara señal de fragmentación del electorado y una débil representatividad política de cara al próximo gobierno.

Sin embargo, más allá de los resultados, el proceso ha estado marcado por cuestionamientos que han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Diversos sectores sostienen que habrían existido conductas irregulares durante la jornada electoral, lo que ha motivado pedidos formales de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones, órgano encargado de evaluar la validez del proceso conforme a la normativa vigente.

Desde el punto de vista jurídico, la nulidad electoral no responde a percepciones políticas ni a denuncias genéricas, sino a causales objetivas claramente establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones 26859. Esta norma regula de manera estricta las condiciones bajo las cuales puede declararse la invalidez total o parcial de un proceso electoral, con el objetivo de garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular.

En ese sentido, la legislación peruana contempla dos escenarios específicos para la nulidad total de las elecciones presidenciales. El primero se configura cuando los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total de votos emitidos. El segundo ocurre cuando se anulan procesos electorales en circunscripciones que representen al menos un tercio de la votación nacional válida.

Estas condiciones evidencian el carácter excepcional de la nulidad electoral. Por ejemplo, considerando que en la primera vuelta sufragaron aproximadamente 19 millones de ciudadanos, sería necesario que cerca de 12.5 millones de electores emitan votos nulos o en blanco en una eventual segunda vuelta para que se configure la primera causal de nulidad. Se trata de un umbral elevado que busca evitar que decisiones de esta magnitud respondan a coyunturas políticas o presiones sociales sin sustento probatorio.

A pesar de ello, un sector de la ciudadanía promueve activamente la posibilidad de anular el proceso electoral, argumentando la necesidad de garantizar mayor transparencia y legitimidad. Estas posturas, aunque reflejan un malestar social real, deberán ser evaluadas bajo los parámetros legales establecidos, ya que corresponde exclusivamente al Jurado Nacional de Elecciones determinar si existen causales debidamente acreditadas para una eventual nulidad.

El sistema electoral peruano, en su diseño normativo, busca equilibrar la participación ciudadana con la estabilidad institucional. En ese marco, la eventual anulación de las elecciones no solo implicaría la convocatoria a nuevos comicios, sino también un desafío significativo para la gobernabilidad y la confianza en el sistema democrático.

Así, el Perú se encuentra en una encrucijada donde el derecho electoral se convierte en el principal árbitro entre la voluntad popular, la legalidad y la necesidad de preservar la institucionalidad. La decisión final no dependerá de percepciones, sino de pruebas, normas y del respeto al Estado de derecho.