Perú 2026: sombras sobre el proceso electoral y el desafío de recuperar la confianza democrática

Por ✉️ Alfredo Rosell G.

El proceso electoral peruano de 2026 ha quedado marcado por una serie de cuestionamientos que trascienden lo técnico y se instalan en el terreno de la legitimidad democrática. Diversos hechos reportados durante la jornada electoral y en las semanas previas han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, proyectando una imagen de fragilidad institucional en un país que busca consolidar su desarrollo y estabilidad política.

Entre las principales irregularidades denunciadas, destacan decisiones operativas controvertidas como la exclusión del apoyo de las Fuerzas Armadas en funciones logísticas clave, la reducción significativa de multas electorales —lo que habría debilitado el carácter coercitivo del voto obligatorio— y el cambio de imprenta en etapas sensibles del proceso. A ello se suman la contratación de transporte informal para el traslado de material electoral, así como fallas técnicas en laptops e impresoras utilizadas en los centros de votación.

La jornada electoral, lejos de desarrollarse con normalidad, evidenció problemas estructurales: mesas que abrieron tarde o nunca llegaron a instalarse, deficiencias en el control de almacenamiento del material electoral y fallas en los sistemas informáticos. Estas situaciones se vieron agravadas por una capacitación insuficiente del personal, reacciones tardías de las autoridades competentes y una extensión excepcional de la votación por un día adicional, medida que, si bien buscó garantizar el derecho al sufragio, terminó por aumentar las sospechas sobre la transparencia del proceso.

En el centro de la controversia también aparecen instituciones clave como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuyos integrantes han sido señalados por presuntas omisiones o decisiones cuestionables. La percepción de una “nula transparencia” ha erosionado la confianza ciudadana, generando un clima de incertidumbre que impacta directamente en la credibilidad del sistema electoral peruano.

Uno de los episodios más polémicos involucra a la lideresa política Keiko Fujimori, quien, según versiones difundidas, habría acudido el 9 de marzo a la sede del Jurado Nacional de Elecciones sin registrar oficialmente su visita. Ese mismo día, antes de la medianoche, se habría aprobado al ganador de la convocatoria encargada del traslado del material electoral, lo que ha despertado suspicacias sobre posibles coordinaciones indebidas. Para diversos sectores críticos, este conjunto de hechos configuraría un escenario en el que la principal beneficiada sería la candidata del denominado “partido de la K”.

A nivel internacional, organismos y analistas han comenzado a observar con atención el caso peruano, advirtiendo que este tipo de situaciones debilitan la imagen del país como una democracia sólida y confiable. En un contexto global donde la transparencia electoral es un pilar fundamental, las denuncias de irregularidades pueden tener efectos negativos en la inversión, la cooperación internacional y la estabilidad política.

Desde una perspectiva jurídica, algunos especialistas han señalado la posible configuración de un concurso de delitos, en el que podrían estar involucrados no solo actores políticos, sino también funcionarios de alto nivel dentro del aparato estatal. De confirmarse, estos hechos representarían una grave afectación al orden constitucional y al principio de legalidad que debe regir todo proceso electoral.

Frente a este escenario, la ciudadanía enfrenta un reto crucial: ejercer un voto informado, crítico y consciente. Más allá de las simpatías políticas, el momento exige evaluar propuestas con rigor, evitar caer en discursos populistas y priorizar el fortalecimiento institucional del país. La democracia no se sostiene únicamente en el acto de votar, sino en la calidad de las decisiones que toma su electorado.

Perú se encuentra, una vez más, en una encrucijada. Recuperar la confianza en sus instituciones electorales será clave para garantizar no solo la legitimidad de sus autoridades, sino también el rumbo de su desarrollo. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al Estado de derecho no pueden ser negociables en una nación que aspira a un futuro más justo y democrático.