Indignación ciudadana por la prolongada fuga de Vladimir Cerrón y el desgaste de la credibilidad policial

La opinión pública de la sociedad civil expresa un creciente malestar ante la incapacidad del Estado para detener y capturar a Vladimir Cerrón Rojas, líder del partido Perú Libre y exgobernador regional de Junín, quien permanece en condición de prófugo desde el 6 de octubre de 2023. A más de dos años y medio de su situación legal, la ausencia de resultados concretos ha generado serias dudas sobre la eficacia de las estrategias policiales y el compromiso real de las autoridades competentes.

Este descontento ciudadano se intensificó luego de que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, asegurara públicamente que la captura de Cerrón se produciría “pronto”. Según el titular del sector, la Policía Nacional del Perú viene realizando un trabajo constante y reservado para ubicar al prófugo, señalando que no es un proceso inmediato ni sencillo. “Muchas veces se cree que cuando una persona se pronuncia en redes sociales debe ser capturada de inmediato, pero la ubicación de un prófugo requiere inteligencia, seguimiento y tiempo”, afirmó el ministro.

No obstante, estas declaraciones no han logrado calmar el ánimo de la población. Por el contrario, el hecho de que Vladimir Cerrón continúe pronunciándose activamente a través de redes sociales, donde incluso critica y se burla de la labor policial, ha profundizado la sensación de impunidad. Para amplios sectores de la ciudadanía, este comportamiento evidencia una debilidad del aparato estatal frente a personajes con poder político e influencia.

El ministro Tiburcio también informó que existe una búsqueda intensa para ubicar a otras figuras con procesos pendientes ante la justicia, como el gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, lo que refuerza la percepción de que el país enfrenta serias dificultades para hacer cumplir la ley a autoridades y exautoridades investigadas.

La prolongada fuga de Cerrón —vinculado por la justicia a graves delitos, algunos de ellos relacionados con el narcoterrorismo— no solo representa un desafío legal, sino también un problema de credibilidad institucional. Para la sociedad civil, cada día sin resultados debilita la confianza en la Policía Nacional y en el sistema de justicia, alimentando la idea de que existen ciudadanos por encima de la ley.

Mientras las autoridades reiteran promesas de pronta captura, la ciudadanía exige hechos concretos. El caso de Vladimir Cerrón se ha convertido así en un símbolo del hartazgo social frente a la impunidad y la ineficiencia estatal, en un país donde la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones continúan seriamente cuestionadas.

✉️ Alfredo Rosell G.