El rostro del miedo en Lima Sur: denuncian red de extorsión contra trabajadores del Minsa

En los pasillos de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, el silencio ya no es solo rutina administrativa: es miedo. Un temor que, según múltiples denuncias, tiene nombre propio: Óscar Cabrera Carbajal.

De acuerdo con información publicada por El Comercio el 23 de marzo de 2026, este ciudadano habría convertido el hostigamiento en una práctica sistemática contra médicos, psicólogos, enfermeros y personal administrativo del Ministerio de Salud. Su modus operandi —según las denuncias— combina intimidación, difamación y presuntas extorsiones con el objetivo de obtener beneficios económicos y ejercer influencia en decisiones internas.

Una estrategia basada en el caos

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Trabajadores consultados describen un patrón reiterativo: amenazas, presión psicológica y campañas de desprestigio en redes sociales. Cabrera, presuntamente escudado en el anonimato digital, administraría páginas donde se difunden acusaciones sin sustento contra funcionarios del sistema sanitario, generando un clima de incertidumbre constante.

Pero el impacto va más allá de lo virtual. Existen denuncias policiales que lo vinculan con amenazas de muerte en la sede principal de la Diris Lima Sur, en Barranco, así como antecedentes por violencia contra la mujer, acoso, alteración del orden público y maltrato psicológico.

Conductas antijurídicas y un patrón reiterado

Lo que emerge de este caso no es un hecho aislado, sino una conducta que, según fuentes, podría calificarse como sistemática y premeditada. La reiteración de denuncias y la forma en que se ejecutan las acciones —evitando notificaciones, registrando direcciones en el extranjero en bases oficiales como Reniec— evidenciarían una estrategia para evadir a la justicia y entorpecer procesos judiciales.

Especialistas consultados advierten que este tipo de conductas no solo afectan a las víctimas directas, sino que debilitan la institucionalidad, generando ineficacia en los mecanismos de control y sanción del Estado.

Influencias y presuntas redes de poder

El caso adquiere mayor gravedad con los señalamientos sobre una posible injerencia en decisiones administrativas. Fuentes indican que Cabrera habría influido en la incorporación de funcionarios cuestionados dentro de la Diris Lima Sur, como en el caso de un jefe de centro de salud mental que acumulaba quejas por malos tratos y denuncias previas.

Además, audios y videos en manos de las autoridades revelarían presuntos actos de extorsión: exigencias para renovar contratos laborales o evitar sanciones a determinados trabajadores, bajo la amenaza de difundir contenido difamatorio.

Sentencias y advertencias ignoradas

En mayo de 2025, el Poder Judicial determinó la responsabilidad penal de Cabrera por el delito de difamación agravada. El fallo incluyó una reserva de condena, el pago de una reparación civil de 30 mil soles y la obligación de no reincidir. Sin embargo, las denuncias actuales indican que las prácticas no solo continuaron, sino que se habrían intensificado.

El impacto humano: profesionales bajo presión

Detrás de cada denuncia hay historias de profesionales que, día a día, sostienen el sistema de salud pública. Médicos, enfermeros y psicólogos que hoy trabajan bajo un clima de hostilidad, viendo amenazada no solo su reputación, sino también su estabilidad laboral y emocional.

“Se ha instalado el miedo”, confiesa un trabajador bajo condición de anonimato. “Aquí cualquiera puede ser el siguiente”.

El desborde en Punta Hermosa: vecinos también denuncian

A este escenario se suma un elemento aún más preocupante: la conducta reincidente, desafiante y persistente de este individuo ya habría trascendido el ámbito institucional, afectando directamente el orden público en otros establecimientos de salud de Lima Sur, especialmente en Punta Hermosa.

Vecinos de la zona han denunciado que, desde meses atrás, Cabrera acudiría de manera constante a centros de salud para generar caos, alterando la tranquilidad con gritos, lenguaje inapropiado y actitudes intimidantes. Estos actos no solo afectan al personal sanitario, sino también a pacientes y ciudadanos que buscan atención médica en condiciones de calma y respeto.

De acuerdo con la normativa vigente del Código Penal peruano, alterar el orden público y perturbar la tranquilidad en establecimientos de salud constituye una conducta sancionable, más aún cuando se trata de espacios destinados a la atención de personas vulnerables.

Los testimonios coinciden en un punto: el accionar sería reiterativo. Cabrera ya habría sido identificado y denunciado por vecinos de Punta Hermosa, quienes advierten que su comportamiento viene quebrantando la paz social de la comunidad. La reiteración de estos hechos podría configurar no solo faltas, sino delitos continuados que requieren una intervención urgente de las autoridades.

Un llamado a la justicia

El caso ha encendido las alarmas sobre la necesidad de una respuesta firme por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial. Juristas coinciden en que la reiteración de conductas, la posible existencia de una red de apoyo y la afectación a una institución pública podrían configurar delitos de mayor gravedad, como extorsión agravada o incluso organización criminal.

En ese contexto, se hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a aportar información que contribuya a fortalecer las investigaciones. La lucha contra este tipo de delitos —que se alimentan del miedo y el silencio— requiere no solo pruebas, sino también decisión institucional.

Mientras tanto, en Lima Sur, el temor persiste. Y con él, la urgente necesidad de que la justicia actúe con todo el peso de la ley.