Corte Suprema de EE.UU. declara ilegal restricción de Trump a la ciudadanía por nacimiento

Por Alfredo Rosell | Análisis Internacional

La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un duro revés al presidente Donald Trump al declarar ilegal la orden ejecutiva que pretendía restringir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales nacidos en territorio estadounidense.

En una ajustada votación de cinco magistrados contra cuatro, el máximo tribunal reafirmó que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El fallo establece que los niños nacidos en el país, aun cuando sus padres permanezcan de manera ilegal o temporal, se encuentran bajo la jurisdicción estadounidense y, por tanto, son ciudadanos desde el momento de su nacimiento.

La resolución deja sin efecto una medida que, según estimaciones oficiales, habría afectado el estatus jurídico de aproximadamente 255.000 niños cada año, generando incertidumbre sobre derechos fundamentales como la identidad, la nacionalidad y el acceso a las garantías constitucionales.

El decreto había sido firmado por Trump el 20 de enero de 2025, al inicio de su segundo mandato, bajo el argumento de que la Decimocuarta Enmienda estaba siendo interpretada de manera incorrecta y que solo debía aplicarse a los descendientes de antiguos esclavos tras la Guerra Civil. Sin embargo, la mayoría de los magistrados rechazó esa interpretación al considerar que contradice más de un siglo y medio de jurisprudencia constitucional.

Desde una perspectiva jurídica, la decisión de la Corte constituye una firme defensa del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales. Diversos especialistas sostienen que restringir la ciudadanía por nacimiento habría significado una grave afectación al derecho a la nacionalidad, reconocido tanto por la Constitución estadounidense como por los principios del derecho internacional de los derechos humanos.

El fallo reafirma que el derecho a la nacionalidad no puede quedar sujeto a decisiones políticas o administrativas que vulneren garantías constitucionales. Asimismo, fortalece el principio de igualdad ante la ley y preserva una doctrina jurídica vigente desde hace más de 150 años, consolidando la protección de miles de niños nacidos en territorio estadounidense.