Trámite de lunas polarizadas: caos, maltrato y falta de transparencia en la Dirección de Tránsito

Lima. La obtención del permiso para lunas oscurecidas o polarizadas se ha convertido en una verdadera pesadilla para cientos de ciudadanos. En lugar de facilitar el proceso, la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial ha generado un clima de incertidumbre, maltrato y desinformación que indigna a quienes intentan cumplir con la ley.

Hasta hace pocos días, las citas para la revisión de vehículos se realizaban de forma presencial, obligando a los usuarios a formar largas colas desde las 3 o 4 de la madrugada para asegurar un cupo. Bajo temperaturas que en esta temporada descienden drásticamente en Lima, muchos exponían su salud e integridad física con la esperanza de completar un trámite legal. A diario, se atendían aproximadamente 200 vehículos, según fuentes cercanas al procedimiento.

Sin embargo, sin previo aviso y sin un comunicado oficial que informe a la opinión pública, las autoridades cambiaron repentinamente la modalidad a virtual, generando aún más caos. Este cambio —no acompañado por resolución, directiva, ni oficio legal ni técnico— ha tomado por sorpresa a cientos de ciudadanos, que no han recibido orientación clara sobre cómo proceder.

La situación empeora debido a que la plataforma web para obtener citas no funciona correctamente, colapsa de forma constante y bloquea los intentos de los usuarios por acceder a una atención básica. Cuando los ciudadanos se acercan a las oficinas a pedir información, denuncian ser maltratados, ignorados o mal orientados por el personal.

La falta de empatía por parte de la comandante encargada de la Dirección ha sido objeto de múltiples quejas, pues se niega a atender directamente a los usuarios, pese a que muchos han realizado el pago de la tasa correspondiente desde hace semanas o incluso meses. La negativa a dialogar con los afectados representa una preocupante omisión a sus deberes funcionales.

Actualmente, con la nueva modalidad virtual, solo se atiende un promedio de 50 personas al día, es decir, tres veces menos que bajo la modalidad presencial, lo que ha generado un cuello de botella, retrasos innecesarios y la frustración de cientos de ciudadanos que no pueden concluir su trámite.

Los afectados exigen una respuesta inmediata y transparente, respaldada por documentos oficiales y un plan de atención que priorice el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio digno y eficiente. En un país donde cumplir la ley no debería ser un suplicio, este caso evidencia un preocupante retroceso en la gestión pública