Paro de transportistas: la inseguridad y la informalidad desangran al sector mientras el Gobierno guarda silencio

La crisis en el transporte público de Lima y Callao ha alcanzado niveles insostenibles. En lo que va del 2025, 65 conductores han sido asesinados por sicarios, víctimas de las mafias que imponen el pago de cupos extorsivos y que convierten a choferes y cobradores en blancos fáciles de la delincuencia organizada. La violencia no distingue horarios ni lugares: se dispara a quemarropa contra los conductores, como ocurrió el 15 de agosto en San Martín de Porres, o se detonan explosivos en buses llenos de pasajeros, como sucedió en Carabayllo días atrás.

La situación refleja no solo el avance del crimen, sino también la desprotección absoluta de un sector que se mueve entre la formalidad precaria y la abrumadora informalidad. Miles de unidades circulan a diario sin garantías mínimas, mientras choferes y cobradores trabajan bajo amenaza constante. A esto se suma la ausencia de un plan integral de transporte que ordene el sistema y proteja tanto a trabajadores como a usuarios.

Frente a este escenario, los gremios anuncian un paro de transportistas que movilizará a más de 20 mil unidades en Lima Metropolitana, en reclamo de medidas urgentes. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), lamentó que, pese a las reuniones sostenidas en el Congreso, la respuesta del Ejecutivo sea prácticamente nula.

“Los transportistas no tenemos respuesta de este gobierno. Hemos pedido protección, hemos planteado soluciones, pero los asesinatos continúan y los ataques no cesan. No solo matan a nuestros choferes, también ponen en riesgo a los pasajeros. La presidenta no ha hecho absolutamente nada por resolver los problemas internos del transporte”, señaló.

Mientras la delincuencia y la informalidad se consolidan como norma en las calles, la inacción del Gobierno agrava una crisis que afecta a millones de usuarios. La falta de autoridad y de políticas claras convierte cada viaje en un riesgo y deja en evidencia que la seguridad ciudadana y el transporte público no están en la agenda real de la actual administración.