La persecución judicial: un arma contra la libertad de prensa en Perú

La persecución judicial se ha convertido en uno de los principales mecanismos de hostigamiento contra periodistas en el Perú. Así lo advierte el informe “El proceso es el castigo: causas penales por difamación contra la participación pública de periodistas en Perú”, elaborado por la American Bar Association (ABA) y la Clooney Foundation for Justice, con el respaldo de gremios periodísticos.

El documento revela un patrón preocupante: las querellas por difamación contra periodistas, lejos de ser una búsqueda de justicia, se usan como represalia por el ejercicio del periodismo de investigación. El análisis de 56 expedientes y sentencias judiciales entre 2007 y 2022 muestra que el 64% de los casos concluye en sentencias condenatorias en primera instancia, pero más adelante, en la Corte Suprema, el 67% termina en absoluciones. Esto refleja una paradoja: la mayoría de periodistas procesados resulta inocente, pero solo después de enfrentar años de desgaste judicial, económico y emocional.

El informe resalta un hecho clave: el 93% de las querellas proviene de figuras públicas que, en lugar de responder con transparencia a las denuncias o investigaciones, recurren al sistema judicial como herramienta de intimidación. Esta práctica pone en evidencia un uso distorsionado del poder judicial, que en vez de resguardar derechos fundamentales, se convierte en un mecanismo de censura indirecta.

El tiempo es otro de los factores de presión. Un proceso de difamación puede extenderse hasta seis años, incluyendo la etapa de casación. Durante ese periodo, el periodista debe enfrentar restricciones en su labor, además del costo económico y el impacto psicológico de sostener una defensa prolongada. En la práctica, el proceso mismo se convierte en el castigo.

Este panorama debe leerse a la luz del Acuerdo Plenario N°3-2006/CJ-116, que regula los procesos por delitos contra el honor en el marco de la libertad de expresión. Sin embargo, a pesar de su existencia, el informe advierte que no ha evitado que funcionarios y personajes públicos instrumentalicen la justicia para acallar voces críticas.

En un país donde la prensa cumple un rol esencial en el control del poder, estas cifras y hallazgos confirman un riesgo latente: la libertad de expresión no solo está amenazada por la censura directa, sino también por un sistema judicial que, usado con fines políticos o personales, puede convertirse en un arma contra quienes buscan informar.

✉️ Alfredo Rosell G.