España enfrenta una emergencia habitacional: precios al alza, casas vacías y jóvenes que no logran independizarse

Madrid. España atraviesa una paradoja habitacional: mientras millones de ciudadanos enfrentan dificultades crecientes para acceder a una vivienda, el país cuenta con 3,8 millones de casas vacías, lo que equivale al 14,4% del total, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El presidente Pedro Sánchez ha calificado la situación como una “emergencia habitacional”, en un contexto donde el precio de la vivienda no deja de subir. Solo en el segundo trimestre de 2025, los inmuebles aumentaron más de un 12%, un nivel no visto desde 2007, antes de la crisis inmobiliaria.

Jóvenes que no logran emanciparse

El encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda está retrasando la independencia de los jóvenes españoles, que en promedio no abandonan el hogar familiar hasta los 30 años. La cifra contrasta con otros países europeos, donde la media de emancipación se sitúa entre los 24 y 26 años.

Los factores económicos pesan de forma determinante: los salarios precarios, la temporalidad laboral y el aumento del costo de vida dificultan que los jóvenes puedan cubrir los gastos básicos de una vivienda. Esta situación no solo frena sus proyectos personales, sino que también impacta en la economía nacional al retrasar el consumo, la natalidad y la movilidad laboral.

Casas vacías, protestas y desigualdades

Las contradicciones del mercado son evidentes. Mientras crece la demanda en ciudades como Madrid, Barcelona y zonas turísticas, gran parte de las viviendas desocupadas se concentran en áreas rurales de Galicia y Castilla y León, dentro de la llamada “España vaciada”. Muchas de estas casas no están habitables y requieren reformas costosas que sus dueños no pueden afrontar.

Colectivos ciudadanos y sindicatos de inquilinos denuncian además la especulación de fondos de inversión y bancos que acumulan viviendas para destinarlas a alquiler turístico o esperar su revalorización. “Mientras miles de familias buscan un hogar digno, millones de casas permanecen cerradas”, advierten.

Las protestas sociales por el derecho a la vivienda se han multiplicado en los últimos años, con especial rechazo hacia los alquileres turísticos, señalados como un factor que encarece aún más los precios.

Políticas en debate

El Gobierno aprobó en 2023 una nueva Ley de Vivienda, que incluye sanciones fiscales a los propietarios de casas desocupadas. Sin embargo, la aplicación de la norma depende de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, que han optado por no implementarla.

Además, medidas adoptadas durante la pandemia, como la suspensión de desalojos a inquilinos vulnerables, siguen vigentes. Si bien evitaron que miles de familias quedaran en la calle, han generado malestar entre propietarios que deben cubrir hipotecas e impuestos sin percibir renta alguna.

Una economía condicionada

Expertos subrayan que la falta de acceso a la vivienda no es solo un problema social, sino también económico. La escasa movilidad de los jóvenes limita la productividad y la competitividad del país, al tiempo que incrementa la brecha generacional y alimenta el malestar social.

El Ejecutivo ha anunciado subvenciones para la compra de viviendas en zonas rurales, pero especialistas advierten que sin dinamizar la economía local esas casas difícilmente atraerán nuevos residentes.

En este escenario, el consenso entre inquilinos, propietarios y analistas parece claro: España necesita un sistema habitacional más equilibrado, que combine justicia social, seguridad jurídica y una mejor distribución de su oferta inmobiliaria.

✉️ Alfredo Rosell G.