Policía Nacional del Perú golpea injustificadamente a un anciano octogenario de 80 años

Lima, 28 de septiembre de 2025 — Durante la marcha realizada el sábado 27 de septiembre por ciudadanos de todas las edades —principalmente jóvenes de la denominada “Generación Z”, pero también adultos mayores— para reclamar derechos constitucionales frente al proyecto de reforma al sistema de pensiones (AFP) y exigir libertad de elección del régimen al que afiliarse, ocurrió un incidente que ha despertado gran indignación: un anciano de aproximadamente 80 años fue golpeado por un efectivo policial con el uso de su vara reglamentaria, resultando con una herida abierta en la ceja que sangró profusamente.

El contexto de la movilización

La marcha se desplegó desde la avenida Abancay, con participantes que reclamaban que se respete su derecho a decidir libremente en qué régimen pensionario afiliarse. Esa libertad, sostienen los movilizados, está siendo recortada por la obligatoriedad de pertenecer a una AFP en determinados casos, lo que contraviene su concepción de derechos constitucionales.

En esa misma jornada se reportaron varios heridos producto de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú, generando denuncias por uso desproporcionado de la fuerza.

Descripción del hecho

Testigos relatan que el anciano caminaba con lentitud, acorde a su edad, y no participaba en acciones violentas ni provocaciones. En un momento, un agente de la PNP se acercó por detrás y, sin mediar diálogo, lo golpeó con su vara de reglamento en la cabeza —justamente en la zona de la ceja—, lo cual le provocó una abertura, caída al suelo y sangrado intenso. Fue auxiliado en el instante por manifestantes jóvenes, quienes lo estabilizaron y buscaron una ambulancia para que reciba atención médica de urgencia.

La acción ha sido descrita por quienes presenciaron el hecho como un acto de cobardía, aún más grave al tratarse de una persona de alta edad y en situación de indefensión. Se señala que el uso de la vara fue excesivo, sin justificación alguna y con mala fe manifiesta por parte del agente.

Reacciones institucionales y legales

Frente a denuncias similares, el sistema peruano contempla mecanismos tanto administrativos como penales. El abuso de funciones policiales puede implicar sanciones disciplinarias severas, incluso el pase a la situación de retiro del agente.

Legalmente, la víctima o sus familiares pueden presentar denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría o la propia Inspectoría de la PNP, a fin de que se investigue la responsabilidad individual y se determinen las sanciones correspondientes.

Diversos organismos han recordado que la fuerza policial debe usarse únicamente cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional, y que las denuncias de abusos deben investigarse con transparencia e imparcialidad.

Demandas y pasos a seguir

A raíz de este caso, ciudadanos y colectivos sociales reclaman lo siguiente:
1. Identificación y sanción inmediata del efectivo policial responsable, tanto a nivel administrativo como penal.
2. Investigación transparente e independiente del hecho, con participación de la Defensoría del Pueblo y entidades de supervisión externa.
3. Revisión de los protocolos de uso de la fuerza para garantizar la protección de los manifestantes, especialmente de personas vulnerables como adultos mayores.
4. Reparación del daño hacia la víctima, incluyendo atención médica especializada, indemnización y disculpas públicas.
5. Que el Ministerio del Interior y la PNP asuman responsabilidad institucional y fortalezcan mecanismos de rendición de cuentas.

Reflexión final

Este episodio no se inscribe como un hecho aislado, sino en el contexto de una escalada de protestas sociales en el Perú, donde las movilizaciones han sido respondidas con frecuencia por la fuerza estatal. Las manifestaciones por reformas al sistema de pensiones y otros reclamos sociales atraviesan un momento álgido de polarización, y la población exige que el derecho a expresarse no sea motivo para enfrentar violencia institucional.

Cuando un anciano que reclama democráticamente sus derechos es golpeado por quien debe protegerlos, se infringe no solo su integridad física, sino también la dignidad ciudadana y el pacto de convivencia democrática. Las instituciones del Estado no pueden mirar para otro lado: deben actuar con imparcialidad, justicia y respeto irrestricto por los derechos humanos